Gobierno de Kast genera controversia nacional al rebajar condenas a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores
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La administración del Presidente José Antonio Kast enfrenta una fuerte polémica tras confirmar la reducción de sentencias a 56 condenados por abuso y violación de menores, argumentando que se aplicó la ley. La oposición ha solicitado una sesión especial en el Congreso.
Polémica Nacional
SANTIAGO, 23 de octubre de 2026.- Una fuerte controversia política y social ha generado la decisión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast de rebajar las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos de abuso sexual y violación contra menores. La información, revelada por un medio de comunicación digital, fue confirmada por el Ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien defendió la medida argumentando que se trata de una atribución legal del Ejecutivo para incentivar la buena conducta de la población penal.
Defensa del Gobierno y Debate Jurídico
El ministro Rabat explicó que su cartera se limitó a aplicar la ley y a seguir una interpretación que cuenta con el respaldo de la Corte Suprema. Según la autoridad, estas rebajas de condena son un mecanismo establecido en la legislación para gestionar el comportamiento de los reclusos. No obstante, la decisión ha abierto un profundo debate jurídico sobre la pertinencia de aplicar este beneficio a condenados por delitos de tan alta gravedad y connotación social.
Es un asunto de extrema gravedad no solo por la naturaleza de los delitos, sino porque la principal promesa de Kast en su campaña, su razón de ser, fue aumentar la seguridad pública en todos los planos, la prioridad de los chilenos.
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Reacciones y Consecuencias Políticas
Desde la oposición de izquierda, las críticas han sido contundentes. Acusando a la Administración de exponer a las víctimas y de actuar en contra del sentir ciudadano, parlamentarios han solicitado una sesión especial en la Cámara de Diputados para abordar el caso y exigir responsabilidades políticas. La controversia golpea directamente una de las banderas de lucha del actual gobierno: la seguridad y el orden público, generando cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso y las acciones del Ejecutivo.
Redacción Cabrero en Línea basándose en información de elpais.com.
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