Gobierno de Kast genera controversia al rebajar condenas a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores
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La administración del Presidente José Antonio Kast enfrenta una fuerte polémica tras reducir las sentencias de 56 condenados por abusos a menores, una medida que el Ministro de Justicia defiende como legal pero que la oposición califica de grave y contradictoria con las promesas de seguridad.
SANTIAGO, CHILE.- Una intensa controversia política y social enfrenta el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que se diera a conocer este viernes 23 de octubre de 2026 la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos de abuso sexual y violación contra menores. La medida, una atribución legal del Ejecutivo para incentivar la buena conducta de los reclusos, fue defendida por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien aseguró que se actuó en estricto apego a la ley.
Defensa del Gobierno y debate jurídico
Frente a la ola de críticas, el ministro Rabat explicó que la decisión de su cartera no fue arbitraria, sino que se limitó a aplicar la legislación vigente. Sostuvo que se siguió una interpretación jurídica que cuenta con el respaldo de la Corte Suprema, lo que ha abierto un amplio debate entre expertos sobre los alcances y la pertinencia de esta facultad presidencial, especialmente en delitos de alta connotación social que afectan a menores de edad.
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La oposición, por su parte, ha calificado la acción como inaceptable y ha acusado al Gobierno de exponer a las víctimas a un nuevo riesgo. Desde el Congreso, parlamentarios de izquierda han solicitado una sesión especial en la Cámara de Diputados para analizar el caso en profundidad y evaluar las responsabilidades políticas correspondientes.
Contradicción con la principal promesa de campaña
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La controversia se ve amplificada por el hecho de que la medida contradice directamente el pilar fundamental de la campaña presidencial de José Antonio Kast: la seguridad pública. La promesa de mano dura contra la delincuencia y el aumento de la seguridad en todos los ámbitos fue la razón principal de su programa y un compromiso clave con el electorado.
Es un asunto de extrema gravedad no solo por la naturaleza de los delitos, sino porque la principal promesa de Kast en su campaña, su razón de ser, fue aumentar la seguridad pública en todos los planos, la prioridad de los chilenos.
Este escenario pone en una posición compleja al Ejecutivo, que ahora debe gestionar las consecuencias políticas y sociales de una decisión que, si bien se defiende como legal, es percibida por gran parte de la ciudadanía como un retroceso en la protección de los más vulnerables.
Redacción Cabrero en Línea basándose en información de elpais.com.
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