Gobierno de Kast genera controversia al rebajar condenas a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores
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La administración del Presidente José Antonio Kast enfrenta una fuerte polémica tras conocerse la reducción de sentencias a 56 condenados por abusos y violaciones a menores, una medida que el Ejecutivo defiende como legal y que la oposición califica como una exposición para las víctimas.
SANTIAGO, 23 de octubre de 2026.- Una fuerte controversia política y social enfrenta el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que se informara la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos de abuso sexual y violación contra menores de edad. La medida, amparada en una atribución legal del Ejecutivo para incentivar la buena conducta de los reclusos, ha provocado una inmediata reacción de la oposición, que ya solicitó una sesión especial en la Cámara de Diputados para abordar el tema.
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Justificación Legal y Debate Abierto
Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la legalidad de las decisiones tomadas. El secretario de Estado explicó que su cartera se ha limitado a aplicar la normativa vigente, siguiendo un criterio que, según afirmó, cuenta con el respaldo de interpretaciones de la Corte Suprema.
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El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la decisión y explicó que solamente se aplicó la ley y se siguió una interpretación respaldada por la Corte Suprema, lo que ha abierto un amplio debate jurídico.
Esta justificación, sin embargo, no ha logrado apaciguar las críticas y ha instalado un profundo debate sobre los límites de esta facultad presidencial y la ponderación entre los incentivos penitenciarios y la protección de las víctimas, especialmente cuando se trata de delitos de alta connotación pública.
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Contradicción Política y Reacciones
Para la oposición de izquierda, la medida del Gobierno es inaceptable y expone a las víctimas a un nuevo riesgo. Han sido enfáticos en señalar la gravedad de los delitos y la necesidad de enviar señales contundentes de no impunidad. El caso reviste una complejidad adicional para la Administración Kast, cuya principal bandera durante la campaña presidencial fue el fortalecimiento de la seguridad pública y el orden, una prioridad manifestada por la ciudadanía.
La controversia pone en tensión el discurso de ‘mano dura’ del oficialismo con la aplicación de beneficios carcelarios, generando un escenario de alta tensión política que será analizado en el Congreso durante los próximos días.
Redacción Cabrero en Línea basándose en información de elpais.com.
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