Gobierno de Chile reduce condenas a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores, desatando fuerte controversia
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La administración del presidente José Antonio Kast enfrenta una crisis política tras revelarse que el Ministerio de Justicia otorgó rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por abuso y violación de menores, una medida que el gobierno defiende como legal.
El Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una severa controversia política y social en Chile, luego de que un medio de comunicación revelara este 22 de octubre que el Ministerio de Justicia ha dictado 56 rebajas de condenas para delincuentes sentenciados por abuso sexual y violación de menores. La medida se basa en una atribución legal que posee el Ejecutivo para incentivar la buena conducta de la población penal, pero ha generado un profundo debate nacional.
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Defensa del Gobierno y debate jurídico
Frente a la polémica, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió públicamente la decisión de su cartera. El secretario de Estado explicó que el procedimiento se ajustó estrictamente a la normativa vigente y a criterios jurídicos establecidos, buscando despolitizar la medida.
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solamente se aplicó la ley y se siguió una interpretación respaldada por la Corte Suprema
La justificación del ministro ha abierto un amplio debate legal sobre los alcances de esta facultad presidencial, especialmente en delitos de alta connotación social que afectan a menores de edad.
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Reacción de la oposición y contradicción de campaña
La oposición de izquierda ha reaccionado con dureza, acusando a la Administración de Kast de exponer a las víctimas a un nuevo riesgo y de faltar a su deber de protección. Parlamentarios opositores ya han solicitado una sesión especial en la Cámara de Diputados para que el ministro Rabat entregue explicaciones detalladas sobre los criterios utilizados.
Este caso resulta especialmente complejo para el gobierno, dado que la principal promesa de campaña de José Antonio Kast, y la razón fundamental de su ascenso político, fue el fortalecimiento de la seguridad pública y la aplicación de una política de ‘mano dura’ contra la delincuencia, una prioridad para la ciudadanía chilena.
Redacción Cabrero en Línea basándose en información de elpais.com.
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