Alerta para comunidades: Tesorería embarga $9 millones a edificio por multa laboral y enciende las alarmas en el país
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Un edificio en La Florida sufre el embargo de su cuenta corriente por parte de la Tesorería General de la República debido a una multa impaga. La situación afecta al 60% de sus fondos y es un riesgo latente para casi 10.000 comunidades en Chile.
Una severa crisis financiera afecta a los residentes de un edificio en la comuna de La Florida, luego de que la Tesorería General de la República (TGR) ejecutara un embargo por más de 9 millones de pesos desde su cuenta corriente. La acción se originó por una multa laboral impaga con la Dirección del Trabajo (DT), comprometiendo el 60% de los fondos mensuales destinados a gastos comunes y dejando a la comunidad en una compleja situación para cumplir con sus obligaciones.
“Nos dejaron sin plata para pagar los sueldos y las obligaciones con los proveedores”.
Alonso Mendoza, administrador de la comunidad afectada, expresó su preocupación por el impacto inmediato de la medida, señalando que evalúan adelantar el cobro de los próximos gastos comunes para recaudar fondos, aunque esto generará un desfase de caja inevitable.
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Un problema a escala nacional
El drama de este edificio está lejos de ser un caso único. De acuerdo a registros de la Dirección del Trabajo, existen aproximadamente 10.000 comunidades de copropietarios a lo largo de Chile que mantienen deudas y atrasos por multas laborales, lo que las convierte en un blanco potencial para acciones de cobranza similares.
David Peña, cofundador de la plataforma de administración Comunidad Feliz, advirtió que “hemos visto muchos administradores que nos están contactando en busca de apoyo legal, ya que la Tesorería está ejecutando órdenes de embargo”. Añadió que, si bien las multas no son nuevas, “lo que sí hemos notado en los últimos dos o tres meses es una gestión de cobranza mucho más activa”.
Principales causas y marco legal
Las infracciones que derivan en estas sanciones millonarias suelen estar relacionadas con la falta de documentación física de los trabajadores, problemas en el pago del seguro de cesantía (especialmente de personal extranjero) y la ausencia de certificados de vigencia de los relojes de control de asistencia de los conserjes. El temor ya se ha extendido a otras comunas, donde edificios han recibido notificaciones con plazos de 10 días para pagar o enfrentar el embargo.
Desde la TGR se ha informado que estos procedimientos se encuentran plenamente amparados por el Código Tributario, el cual designa al servicio como el organismo encargado de la cobranza judicial y administrativa de impuestos, multas y otros créditos a favor del Fisco.
Redacción Cabrero en Línea basándose en información de adnradio.cl.
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