Freno Judicial a la ‘Justicia por Mano Propia’: Corte Ordena Revertir Usurpación en Futrono, ¿Precedente para el Biobío?
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Un fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia sienta un importante precedente contra la ‘autotutela’ en disputas de deslindes. La decisión, que obliga a un vecino a restituir 1.750 metros cuadrados apropiados unilateralmente, resuena con fuerza en zonas rurales del Biobío, donde la certeza jurídica sobre la propiedad es clave para la convivencia y el desarrollo.
VALDIVIA.- Un reciente y contundente fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia ha puesto un alto a la práctica de la ‘justicia por mano propia’ en disputas de terrenos, una situación que, aunque ocurrida en la Región de Los Ríos, envía una clara señal a propietarios y vecinos de nuestra propia Región del Biobío.
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La historia se gestó en el sector Puntilla del Bolso, en la comuna de Futrono, donde una propietaria se vio despojada de una franja de su predio. Según la denuncia, un vecino, aprovechando la ausencia temporal del cuidador del inmueble, derribó un cerco existente y levantó uno nuevo, incorporando a su propiedad cerca de 1.750 metros cuadrados que no le pertenecían. Esta acción unilateral, que implicó la apropiación de un terreno donde la afectada mantenía diversas especies, detonó una batalla legal que culminó este 19 de junio de 2026 con la intervención del tribunal de alzada.
La propietaria afectada, al ver vulnerado su derecho, recurrió a la justicia, argumentando que la acción de su vecino constituía un acto de ‘autotutela’. Este concepto legal se refiere a la resolución de un conflicto por una de las partes sin acudir a los cauces legales establecidos, una práctica que el Estado de Chile, como un Estado de Derecho, proscribe categóricamente.
El vecino demandado, si bien reconoció haber materializado el cierre cuestionado, intentó justificar su actuar alegando que la recurrente realizaba actos de posesión sobre una franja de terreno que él consideraba suya. Sin embargo, la Corte de Apelaciones fue enfática en su resolución. Tras revisar los antecedentes, el tribunal descartó las alegaciones de la defensa y se centró en el fondo del asunto: la instalación unilateral de los cercos.
En ese contexto, la Corte recordó que “la autotutela, en cuanto forma de resolución de conflictos, se halla proscrita en un Estado Democrático de Derecho”, subrayando que es al Estado a quien corresponde resolver este tipo de controversias mediante los procedimientos legales establecidos.
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Esta sentencia no solo ordena al vecino restablecer, en el más breve plazo, los límites que existían entre ambos predios antes del 28 de marzo de 2026, sino que también refuerza un pilar fundamental de nuestro sistema jurídico. Como ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Suprema y destacados académicos de derecho civil, la ‘autotutela’ es una excepción muy limitada en nuestro ordenamiento, reservada para situaciones extremas como la legítima defensa, y nunca para disputas de propiedad.
La relevancia de este fallo trasciende las fronteras de Futrono. En nuestra Región del Biobío, con su vasta extensión rural y la creciente valorización de terrenos para proyectos agrícolas, forestales o turísticos –como los que vemos en la precordillera de Laja o en los alrededores de Cabrero y Monte Águila–, la claridad sobre los límites de propiedad es fundamental. Datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) revelan que las discrepancias en deslindes son una causa frecuente de conflictos en zonas rurales, donde la delimitación histórica o informal de propiedades puede chocar con mediciones técnicas o nuevos proyectos. Casos similares han sido reportados por medios regionales como El Sur de Concepción, evidenciando que esta problemática no es aislada.
Para el vecino de Cabrero, este dictamen es un recordatorio vital: cualquier disputa sobre límites de propiedad, por pequeña que parezca, debe ser canalizada a través de las instituciones legales. Intentar resolverla por cuenta propia no solo puede resultar en la reversión de las acciones, sino también en consecuencias legales adicionales. La sentencia de Valdivia, si bien no impide que las partes discutan posteriormente la propiedad del terreno en un juicio civil de mayor extensión, deja claro que el camino para dirimir estos conflictos es el judicial, garantizando así la paz social y la certeza jurídica para todos los habitantes de Chile.
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