Cabrero en Alerta: El enigma de los niños haitianos ‘inubicables’ remece al país
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La Contraloría General de la República ha encendido las alarmas por decenas de menores haitianos cuyo paradero es desconocido. Pese a la denuncia de posible tráfico, el Ministro de Defensa, Fernando Barros, desestima las acusaciones, generando un profundo debate sobre la protección de la infancia migrante en Chile y la transparencia estatal.
Desde Cabrero, observamos con preocupación las declaraciones del Ministro de Defensa, Fernando Barros, quien, en representación del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, ha intentado calmar las aguas en torno a un caso que ha conmocionado a la opinión pública nacional: la situación de decenas de menores de edad haitianos que, según la Contraloría General de la República, se encuentran “inubicables” en Chile. La controversia se agudiza ante la denuncia penal interpuesta por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) por un eventual delito de tráfico de menores, vinculado a vuelos chárter que llegaron al país entre enero y octubre de 2025.
El Ministro Barros, en declaraciones a Radio Universo, fue categórico: “No hay ningún antecedente de que estos niños están desaparecidos o perdidos”. Más aún, desestimó las graves acusaciones de tráfico:
“Sin ser encargado de la investigación, quiero decir responsablemente que no hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a un tema de tráfico de niños, de órganos, de prostitución infantil”.
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Esta postura contrasta fuertemente con la alarma levantada por dos instituciones clave del Estado chileno.
Para entender la magnitud de este suceso, es crucial recordar el contexto de la migración haitiana a Chile. Tras el devastador terremoto de 2010 y la posterior inestabilidad política y económica en Haití, Chile se convirtió en un destino prioritario para miles de migrantes, alcanzando un pico entre 2016 y 2018. Muchos llegaron con la esperanza de un futuro mejor, a menudo en condiciones de extrema vulnerabilidad. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los niños, niñas y adolescentes migrantes son particularmente susceptibles a la explotación y el tráfico, una realidad que ha sido documentada por organismos como UNICEF a nivel global.
La Contraloría General de la República, un órgano autónomo y fiscalizador, no emite informes a la ligera. Su hallazgo de menores “inubicables” implica que, tras una revisión de registros y procesos, el Estado no puede dar cuenta del paradero de estos niños, quienes llegaron bajo su tutela o con la expectativa de protección. Esta situación es una señal de alerta máxima para cualquier sistema de protección de la infancia. Por su parte, el SERMIG, creado bajo la Ley de Migración y Extranjería de 2021 (cuya implementación se consolidó durante el gobierno del ex-Presidente Gabriel Boric), tiene entre sus funciones primordiales la protección de los derechos de los migrantes, especialmente los más vulnerables. Su decisión de interponer una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte sugiere que existen indicios lo suficientemente serios como para activar la maquinaria judicial, más allá de lo que el Ministro de Defensa pueda percibir.
La gravedad de las acusaciones de tráfico de menores no puede ser subestimada. Como ha reportado consistentemente CIPER Chile en diversas investigaciones sobre redes de trata, este delito es una de las formas más abyectas de violación a los derechos humanos, a menudo encubierto por operaciones aparentemente legítimas. La mención de vuelos chárter en 2025, un año en que las restricciones migratorias ya eran significativas, levanta interrogantes sobre cómo estos niños lograron ingresar al país y bajo qué circunstancias.
Desde la perspectiva de nuestros vecinos en Cabrero y la Región del Biobío, este caso resuena profundamente. La protección de la infancia es un valor fundamental para nuestra sociedad. La incapacidad del Estado para localizar a niños migrantes y la aparente contradicción entre las declaraciones de un Ministro y las acciones de órganos fiscalizadores y de protección, generan incertidumbre y desconfianza. ¿Cómo podemos asegurar que los niños, sin importar su origen, estén seguros en nuestro territorio? La comunidad espera respuestas claras y una investigación exhaustiva que determine la verdad de lo ocurrido y, lo más importante, garantice la seguridad y el bienestar de estos menores. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para mantener la fe en nuestras instituciones.
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