Deuda de $1.5 a $38 Millones: TC Frena Recurso Clave para Deudores del Biobío
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El Tribunal Constitucional declaró inadmisible un requerimiento que cuestionaba el explosivo aumento de una deuda de crédito social en Chillán, un caso que resuena en las finanzas de miles de familias y empresas en la región del Biobío, al poner de manifiesto la rigidez procesal frente a la desproporción de intereses.
Cabrero, 18 de junio de 2026. Una decisión procesal del Tribunal Constitucional (TC) ha encendido las alarmas entre deudores y empresas en la región del Biobío, al declarar inadmisible un requerimiento que buscaba frenar el crecimiento desmedido de una deuda de crédito social. El caso, originado en Chillán, pone en el centro del debate la aplicación de intereses penales y el anatocismo, o capitalización de intereses, en préstamos otorgados por Cajas de Compensación, una realidad que impacta directamente a miles de trabajadores y empleadores en nuestra zona.
La Primera Sala del TC resolvió no acoger a trámite la acción presentada por una empresa que enfrentaba una cobranza ejecutiva de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre. La requirente denunciaba que una deuda original de $1.545.456, asociada a un crédito social de una extrabajadora, se había disparado a la asombrosa cifra de $38.740.294 para abril de 2025. Este incremento, que supera el 2.400% del capital inicial, era atribuido exclusivamente a la aplicación de intereses penales y a la capitalización mensual de intereses, un mecanismo conocido como anatocismo.
Para los habitantes de Cabrero y las comunas aledañas como Yumbel o Laja, los créditos sociales de las Cajas de Compensación son una herramienta financiera recurrente. Estos préstamos, destinados a cubrir necesidades como educación, salud o mejoras del hogar, son gestionados por entidades privadas sin fines de lucro, reguladas por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Como ha documentado la propia SUSESO en sus informes anuales, las Cajas otorgan anualmente millones de créditos, siendo un pilar en el acceso a financiamiento para segmentos de la población que no siempre califican para la banca tradicional. Sin embargo, este caso subraya la vulnerabilidad ante cláusulas que pueden transformar una ayuda en una pesadilla financiera.
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La empresa requirente argumentó que tal incremento era desproporcionado y confiscatorio, vulnerando el derecho de propiedad y el principio de proporcionalidad consagrados en el artículo 19 N° 26 de la Constitución. Sostenía que un crédito social no debía equipararse plenamente a una cotización previsional y que el empleador, al retener y pagar las cuotas, actuaba solo como agente. Además, invocó precedentes del propio Tribunal Constitucional donde se habían acogido requerimientos similares ante efectos patrimoniales excesivos.
La escalada de una deuda de $1.5 millones a casi $39 millones, un aumento del 2.400%, es un espejo de la fragilidad financiera que pueden enfrentar miles de familias y pequeñas empresas en el Biobío.
No obstante, la inadmisibilidad del requerimiento no se debió a un juicio de fondo sobre la proporcionalidad de la deuda, sino a un tecnicismo procesal. El TC recordó su jurisprudencia reiterada que exige la existencia de una “gestión judicial pendiente” para que una sentencia de inaplicabilidad pueda producir efectos, tal como lo establece el artículo 93 N° 6 de la Constitución y el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. En este caso, el Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán ya había dictado el “cúmplase” de una resolución de la Corte de Apelaciones que declaró inadmisible un recurso de apelación de la empresa. Es decir, para el TC, la gestión judicial ya no estaba activa, impidiendo su intervención.
Este revés procesal, aunque no aborda el fondo del problema de la usura o el anatocismo en créditos sociales, es un recordatorio crucial para los vecinos del Biobío. La falta de una gestión judicial pendiente significa que, incluso ante situaciones de deuda que parecen abusivas, las puertas del Tribunal Constitucional pueden cerrarse si los plazos y procedimientos no se cumplen rigurosamente. Como ha señalado el abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Concepción, Dr. Patricio Zapata, en diversas columnas de opinión en El Mercurio, el TC no es una “cuarta instancia” judicial, sino un órgano de control de constitucionalidad que opera bajo estrictas reglas de admisibilidad.
Para las familias y empresas de Cabrero y la región, la lección es clara: la comprensión detallada de los contratos de crédito social y la asesoría legal oportuna son fundamentales. Aunque el TC ha mostrado en el pasado una sensibilidad ante la desproporción de intereses en ciertos contextos, este caso demuestra que la vía de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad tiene límites procesales inquebrantables. La discusión sobre una regulación más estricta del anatocismo en créditos de consumo y sociales, que ha sido un tema recurrente en el Congreso Nacional según reportes de Diario Financiero, sigue más vigente que nunca, especialmente para proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
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