Chiguayante clama justicia: Corte de Concepción reabre caso de Martín González
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La Corte de Apelaciones de Concepción declaró admisibles los recursos de nulidad en el caso del fatal atropello de Martín González en Chiguayante, reabriendo la esperanza de justicia para la familia y poniendo bajo la lupa la valoración de la evidencia en tribunales.
La Corte de Apelaciones de Concepción ha dado un paso crucial que reaviva la esperanza de justicia para la familia de Martín González, el menor que perdió la vida en un fatal atropello en Chiguayante en noviembre de 2023. El tribunal de alzada penquista declaró admisibles los recursos de nulidad presentados tanto por la parte querellante como por el Ministerio Público, abriendo la puerta a una revisión exhaustiva de la sentencia que había absuelto a la conductora imputada.
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El trágico suceso que conmocionó a la comunidad de Chiguayante ocurrió hace casi tres años, cuando Martín González, de tan solo 12 años, fue impactado por un vehículo conducido por Sandra Vallejos. Tras un extenso proceso judicial, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción dictaminó la absolución de la conductora, argumentando que la víctima había cruzado la calzada por un paso no habilitado. Esta resolución generó un profundo pesar y una sensación de impunidad en el círculo cercano del menor y en la opinión pública local.
Sin embargo, la madre de Martín, Natalia Stuardo, a través de su abogada Ángela Contreras Saavedra, y el fiscal Andrés Barahona Urzúa, no bajaron los brazos. Ambos interpusieron recursos de nulidad, argumentando un “vicio en la valoración de la evidencia” por parte del tribunal de primera instancia. Según los recurrentes, se habrían omitido pruebas periciales y testimoniales clave que podrían haber alterado el resultado del juicio. La Corte de Apelaciones, en su resolución del 11 de junio de 2026, determinó que ambos recursos cumplen con los requisitos formales establecidos en los artículos 380 y 383 del Código Procesal Penal, lo que permite su tramitación.
Es fundamental comprender que la admisibilidad de estos recursos no implica un pronunciamiento sobre el fondo de las alegaciones. Como explican juristas consultados por ‘Cabrero en Línea’ y como se detalla en las guías del Poder Judicial de Chile, “la admisibilidad es un filtro formal. Significa que los recursos están bien presentados y cumplen con los requisitos legales para ser estudiados, no que la Corte ya haya decidido anular el fallo”. Ahora, el tribunal de alzada deberá analizar los argumentos de las partes y determinar si hubo efectivamente una infracción de ley o un error en la valoración de la prueba que justifique anular el juicio o la sentencia y ordenar uno nuevo.
Este caso resuena profundamente en la Región del Biobío, donde la seguridad vial y la justicia para las víctimas de accidentes de tránsito son temas de constante debate. La lucha de la familia de Martín González es un eco de muchas otras que buscan respuestas y responsabilidades. Casos como este, que involucran la pérdida de vidas jóvenes, suelen generar un fuerte clamor social por una justicia que sea percibida como efectiva y equitativa. La comunidad de Chiguayante, y por extensión, comunas vecinas como Cabrero, observan con atención cada paso de este proceso, esperando que se esclarezcan todas las circunstancias.
Según datos históricos de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), los atropellos representan una de las principales causas de mortalidad en las vías chilenas, con una alarmante cifra de peatones como víctimas, muchos de ellos menores de edad. En el Gran Concepción, la interacción entre el crecimiento urbano y la infraestructura vial a menudo genera puntos críticos para los peatones. Si bien la responsabilidad del peatón en el uso de pasos habilitados es innegable, la jurisprudencia y la normativa también exigen a los conductores la máxima atención y diligencia, especialmente en zonas urbanas. Este caso podría sentar un precedente importante sobre cómo se pondera la responsabilidad en situaciones donde convergen múltiples factores.
Para los vecinos de Cabrero y de toda la región, este caso no es solo un expediente judicial más; es un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y de la imperiosa necesidad de que la justicia opere con la máxima rigurosidad, especialmente cuando se trata de la vida de un menor.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción abre un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia para Martín González. La comunidad estará atenta a los próximos pasos de este proceso, que no solo busca determinar responsabilidades individuales, sino también reafirmar la confianza en el sistema judicial y la protección de la vida en nuestras calles.
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