La Sucesión en la Fiscalía del Biobío: La experiencia de La Araucanía y el auge del crimen organizado marcan la terna que definirá la seguridad en la región
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El fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, encabeza la terna para liderar el Ministerio Público en el Biobío. Su perfil, forjado en el epicentro del conflicto rural, compite con la visión de un experto en crimen organizado de Ñuble y un fiscal de la propia casa, en una decisión clave para la seguridad desde Coronel hasta Cabrero.
CONCEPCIÓN.- El futuro de la persecución penal en el Biobío para los próximos ocho años comenzó a definirse este jueves en los pasillos de la Corte de Apelaciones de Concepción. Tras una jornada de exposiciones, el tribunal de alzada conformó la terna de la que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, deberá nombrar al sucesor o sucesora de Marcela Cartagena, cuya gestión de ocho años culmina en agosto.
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La lista la encabeza un nombre de peso nacional: Roberto Garrido, actual Fiscal Regional de La Araucanía. Su postulación no es un mero trámite administrativo; es la oferta de un modelo de persecución forjado en la región más compleja del país en materia de seguridad. Garrido, quien ha ejercido como Fiscal Nacional subrogante en múltiples ocasiones, propone replicar en el Biobío una estrategia de “eficacia probada” para fortalecer la persecución penal. Su experiencia en La Araucanía, una zona con altas tasas de violencia rural y ataques incendiarios, documentadas año a año por informes de la Multigremial de La Araucanía y la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo posiciona como un candidato con un enfoque de mano dura frente a delitos de alta connotación.
Desde la vereda de Ñuble, región hermana que hasta 2018 fue parte del Biobío, el fiscal Álvaro Hermosilla puso sobre la mesa las cifras que alarman a toda la macrozona sur. Sus datos sobre la criminalidad en el Biobío durante el último año son un crudo diagnóstico de la realidad que deberá enfrentar el nuevo líder.
“Sólo el año pasado hubo 97 homicidios, y en alrededor del 60 por ciento (de los casos) se utilizaron armas de fuego. El 40 por ciento está, aparentemente, vinculado a crimen organizado… hay que hacerse cargo de muchas cosas que están pendientes”.
Estas cifras, que se alinean con la tendencia al alza de los delitos violentos registrada en el último informe anual de la Fiscalía Nacional, subrayan un desafío que ya no se concentra solo en la Región Metropolitana, sino que ha echado raíces en los puertos de Talcahuano y Coronel, y se extiende por las rutas interiores de la región.
El tercer nombre en la terna es José Patricio Aravena, quien juega de local. Como fiscal del Biobío, su discurso se centró en un aspecto menos visible pero crucial: la salud de la institución. Al hablar de “equipos humanos maduros” y la necesidad de “reencantar a nuestros propios funcionarios”, Aravena toca una fibra sensible. El desgaste y la sobrecarga laboral en el Ministerio Público han sido temas recurrentes en reportajes de medios como CIPER Chile, que han advertido sobre cómo el agotamiento de los equipos puede mermar la calidad de la justicia que reciben los ciudadanos.
Para los vecinos de Cabrero, Monte Águila y Yumbel, esta elección no es un asunto lejano de abogados en Concepción. La estrategia que defina el próximo fiscal regional impactará directamente en la prioridad que se le asigne al combate del robo de madera, un delito que devasta los bosques de la zona; en los recursos destinados a desbaratar las redes de microtráfico que afectan a nuestros barrios; y en la capacidad de respuesta frente a delitos violentos. La decisión de Ángel Valencia, entre un modelo de choque probado en el conflicto, un enfoque basado en la data del crimen organizado o una apuesta por el fortalecimiento interno, marcará la pauta de la seguridad pública en nuestra provincia por casi una década.
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