Justicia da luz verde a embargos por CAE: La amenaza que golpea el patrimonio de miles de familias en el Biobío
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Fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Valparaíso respalda la ofensiva de la Tesorería para cobrar deudas del Crédito con Aval del Estado. La medida, impulsada por el Gobierno, abre la puerta a acciones coactivas que podrían afectar a miles de deudores en nuestra región.
La Tesorería General de la República (TGR) ha recibido un contundente respaldo judicial en su campaña para recuperar los fondos del Crédito con Aval del Estado (CAE). La Corte de Apelaciones de Valparaíso desestimó de forma unánime cuatro recursos de protección que buscaban paralizar los embargos de bienes a deudores morosos, una estrategia de cobro que se ha intensificado bajo la administración del Presidente José Antonio Kast. Para los miles de profesionales y exestudiantes de la Provincia del Biobío que financiaron sus carreras con este sistema, la noticia transforma una lejana disputa legal en una amenaza concreta y cercana.
El fallo de Valparaíso no es un hecho aislado. Según ha informado la propia TGR, esta decisión se suma a dictámenes similares de la Corte de Apelaciones de Arica y, de manera aún más decisiva, a más de 450 recursos que la Corte Suprema ha declarado inadmisibles a nivel nacional. Esto consolida una línea jurisprudencial que otorga a la Tesorería plenas facultades para ejercer el cobro coactivo, un mecanismo que le permite actuar con la misma fuerza que en el cobro de impuestos impagos, incluyendo la retención de devoluciones y el embargo de bienes muebles e inmuebles.
Este endurecimiento en la cobranza representa un giro de 180 grados respecto a las políticas y expectativas generadas durante la administración anterior. Cabe recordar que la condonación del CAE fue una de las promesas centrales del expresidente Gabriel Boric, una propuesta que, aunque nunca se materializó, generó una expectativa masiva que, según analistas y cifras de la Comisión Ingresa, contribuyó a elevar las tasas de morosidad por sobre el 50% en el universo de deudores en fase de pago.
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Lo que una vez fue una promesa de condonación que ilusionó a una generación, hoy se transforma en una notificación de embargo que amenaza el patrimonio de sus familias.
El Crédito con Aval del Estado, creado en 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos, ha sido objeto de controversia desde su origen. Si bien permitió el acceso a la educación superior a cientos de miles de jóvenes, su diseño, que involucra a la banca privada como intermediaria, ha sido duramente criticado. Informes de la Fundación Sol y reportajes de investigación de medios como CIPER Chile han documentado a lo largo de los años cómo el sistema generó una deuda que, para muchos, se volvió impagable debido a las tasas de interés y los largos plazos de pago, afectando a más de 1.2 millones de personas en todo el país.
Para el vecino de Cabrero, Monte Águila o Yumbel, esta noticia tiene un impacto directo. En una región con importantes centros universitarios como Concepción y Los Ángeles, son miles las familias que apostaron por el CAE para la educación de sus hijos. Hoy, un profesional de la salud que trabaja en el hospital local o un profesor de una escuela rural podría ver su vehículo o incluso el patrimonio familiar en riesgo por una deuda estudiantil contraída hace más de una década. La decisión judicial no solo valida una política fiscal del gobierno central, sino que activa una bomba de tiempo económica en los hogares de nuestra provincia, reabriendo el debate sobre el costo real de la educación y el rol del Estado en el futuro de sus jóvenes.
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