Corrupción en el corazón de la justicia del Biobío: Corte confirma arresto nocturno para exjefe de Defensoría de Los Ángeles
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La Corte de Apelaciones de Concepción ratificó la medida cautelar contra Patricio Gutiérrez Marinado, imputado por liderar una red de soborno y filtración de datos que pone en jaque la confianza en el sistema judicial de la provincia.
Concepción.- Un nuevo y duro golpe a la fe pública en las instituciones de la región. La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la medida cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno para Patricio Iván Gutiérrez Marinado, exdefensor penal jefe de Los Ángeles, en una investigación que destapa una presunta red de corrupción operando desde el corazón mismo del sistema judicial de la provincia del Biobío.
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La decisión, adoptada en un fallo dividido por la Quinta Sala del tribunal de alzada, respalda la resolución del Juzgado de Garantía de Los Ángeles. Gutiérrez Marinado enfrenta una batería de cargos gravísimos: asociación delictiva, soborno, acceso indebido a información, violación de secreto con grave daño a la causa pública y lavado de activos. Los ilícitos, según la investigación del Ministerio Público, se habrían extendido por casi siete años, entre 2017 y 2024.
El modus operandi descrito por la fiscalía es alarmante. Se acusa a Gutiérrez de haber entregado su clave personal del sistema informático de la Defensoría Penal Pública a un estudio de abogados particular, integrado, entre otros, por su propia cónyuge. Esto les habría permitido acceder a información privilegiada y reservada de causas en tramitación, otorgándoles una ventaja indebida frente a la fiscalía y otras partes. La trama se complejiza con la imputación de haber participado en el soborno de un funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles para los mismos fines.
Que, del mérito de lo expuesto (…) se ha verificado que la investigación versa sobre una pluralidad de hechos que afectan diversos valores jurídicos, entre ellos la fe pública y la credibilidad del sistema judicial en la ciudad de Los Ángeles.
Este caso resuena con fuerza en la memoria colectiva y evoca otros escándalos que han manchado al Poder Judicial. Como ha documentado extensamente el periodismo de investigación nacional, a través de medios como CIPER Chile, el denominado ‘Caso Jueces’ de Rancagua en 2019 ya expuso una red de tráfico de influencias y corrupción, sentando un precedente sobre la vulnerabilidad del sistema. Lo que ocurre en Los Ángeles, por tanto, no es un hecho aislado, sino un síntoma de una problemática que amenaza la base del Estado de Derecho.
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Para el vecino de Cabrero, Monte Águila o cualquier comuna de la provincia, el impacto es directo y profundo. La Defensoría Penal Pública es la institución estatal encargada de garantizar el derecho a defensa a quienes no pueden costear un abogado. Que su máxima autoridad local esté imputada por usar su cargo para beneficiar a un estudio privado instala la dolorosa idea de una justicia de dos velocidades: una para quienes pueden pagar y otra, vulnerada, para el ciudadano común. El delito de lavado de activos, cuya persecución es liderada en Chile por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sugiere además que las ganancias de esta actividad ilícita se habrían integrado al patrimonio familiar, consolidando un esquema de enriquecimiento a costa de la confianza pública.
La defensa de Gutiérrez había apelado buscando rebajar la cautelar, pero el tribunal de alzada consideró que la gravedad de los delitos, la pluralidad de los mismos, la pena probable y el hecho de haber actuado ‘en grupo o pandilla’ justifican plenamente mantener el arresto nocturno, además del arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los otros imputados. La investigación sigue su curso, pero la sombra de la duda ya se ha instalado sobre el sistema que debe garantizar justicia para todos por igual en el Biobío.
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