Redes de Corrupción Judicial: Chats de Hermosilla y Correa Impactan a Chile y la Región del Biobío

Un terremoto de proporciones sacude los cimientos del sistema judicial chileno. Nuevos antecedentes, revelados por el medio Reportea, han expuesto una intrincada red de influencias y coordinaciones ilícitas entre el abogado Luis Hermosilla y José Ramón Correa, segundo máximo accionista de Azul Azul y exjefe de gabinete de la Contraloría General de la República. Los chats de WhatsApp, que abarcan el periodo entre 2018 y 2023, detallan gestiones para manipular nombramientos de ministros y fallos judiciales, desatando una crisis de confianza que resuena con fuerza desde Santiago hasta cada rincón de la Región del Biobío.

La magnitud de estas revelaciones es alarmante. Entre los episodios más graves, se detalla cómo en 2018 Hermosilla solicitó a Correa interceder ante el ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, a quien Correa describió como su “amigo”, con el fin de evitar la anulación del juicio por el brutal asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay. Este caso, emblemático por su impacto en la Región de La Araucanía y por las complejidades del conflicto mapuche, representa una herida abierta en la sociedad chilena. La sola insinuación de que un fallo de esta envergadura pudo ser objeto de tráfico de influencias es un golpe demoledor a la credibilidad de la justicia.

La trama se complejiza al vincularse con el presente. Actualmente, la sala penal de la Corte Suprema, presidida precisamente por el ministro Valderrama, debe resolver un recurso de amparo presentado por Correa. Este recurso busca declarar ilegal el allanamiento a sus oficinas en el marco del caso Sartor, donde el Ministerio Público investiga a Correa por la adquisición del 21% de Azul Azul con financiamiento de un fondo ligado a Sartor, gestora bajo escrutinio por presunto uso indebido de dineros de aportantes. La coincidencia de nombres y circunstancias levanta serias interrogantes sobre la imparcialidad de los procesos.

Pero las revelaciones no se detienen ahí. Los diálogos también muestran gestiones para influir en el nombramiento de altas autoridades. En 2018, tras la desvinculación de Dorothy Pérez de la Contraloría por el entonces contralor Jorge Bermúdez, Correa y Hermosilla habrían coordinado acciones para revertir la decisión. Un recurso de protección fue acogido por la Corte Suprema, con un voto favorable clave de Ángela Vivanco, cuya postulación al máximo tribunal había sido activamente promovida por los mismos Hermosilla y Correa. Este patrón de “favores” y “devoluciones” expone una red clientelar que corroe la independencia de los poderes del Estado.

La influencia de Correa se extendía a diversas designaciones judiciales, coordinadas incluso con figuras políticas de alto perfil como el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y el abogado Gabriel Zaliasnik. Los chats mencionan reuniones y gestiones con ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago. En una revelación particularmente impactante, Correa llegó a escribir sobre Juan Cristóbal Mera, ministro de la Corte de Apelaciones, que era “absolutamente nuestro” tras una reunión informal. Esta frase encapsula la percepción de control y lealtad que buscaban establecer sobre figuras clave del sistema judicial.